Gianni Vattimo, Charles Taylor, Richard Rorty: "Diálogo sobre la globalización"

Gianni Vattimo, Charles Taylor, Richard Rorty

Diálogo sobre la globalización

(Traducción de Jorge Tula)

Gianni Vattimo: El presidente Bush sostiene que la globalización ayuda a los pobres del mundo, los cuales, sin embargo, no están convencidos. Ni el denominado “pueblo de Seattle”, que no representa efectivamente a los pobres, ni los gobernantes de las naciones menos desarrolladas son particularmente entusiastas de Bush y de sus posiciones. ¿Qué significa todo esto? Aparentemente, los intercambios económicos deberían aportar beneficios y ventajas para todos, y esto es lo que sucedido con el capitalismo occidental: ha ampliado las fronteras, ha logrado una mayor producción, ha conseguido más ganancias, etc. ¿Por qué entonces tenemos dudas sobre este punto?

Charles Taylor: El ejemplo de la gran industrialización del siglo XIX nos demuestra que, en el largo plazo, este proceso puede ser probablemente un bien para todos, pero, en el breve plazo, puede tener consecuencias catastróficas para gran parte de la población. Entre los efectos negativos, podemos considerar, por ejemplo, el riesgo de la pérdida de numerosos puestos de trabajo, que es causado por el redimensionamiento de las grandes industrias. Esta situación se puede prolongar por mucho tiempo y muchas personas podrían no llegar a beneficiarse de los efectos positivos que generaría este proceso en el largo plazo. Por esta razón me parece que la idea de una política -también económica- basada en las ayudas pequeñas pero distribuidas con amplitud, tiene fundamentos sólidos. La historia confirma la verdad de este asunto.

Vattimo: Yo también comparto este punto de vista, y considero que los países desarrollados deberían apoyar un proyecto de esta naturaleza.

Richard Rorty: Quisiera tomar como punto de partida dos consideraciones. La primera de ellas es que, como sostiene Taylor, la historia del capitalismo occidental demuestra de qué manera los efectos del proceso de enriquecimiento afecta duramente a los individuos. Por este motivo, las democracias occidentales han creado sistemas de seguridad social, con el objeto de limitar las consecuencias del desarrollo económico. El problema actual consiste en el hecho de que, a nivel global, falta el equivalente de un gobierno nacional que se preocupe del bienestar de la humanidad. Hubiese sido mejor si la globalización de la economía se hubiera llevado a cabo inmediatamente después de la creación de una federación mundial con capacidad para crear un Welfare State global, es decir, un gobierno supranacional que, de algún modo, pudiese garantizar un cierto nivel de justicia entre las naciones y, en el interior de cada una de ellas, entre ricos y pobres. Desafortunadamente, la economía global se ha realizado antes de que haya sido posible dar vida a lo que Tennyson llamaba “el Parlamento del Hombre, la federación del mundo”. La segunda consideración es que, si la sociedad de capitales continúa considerando al planeta como un puro mercado de trabajo, tarde o temprano la clase trabajadora de las viejas democracias se encontrará con salarios tan bajos que necesariamente derrumbarán de manera dramática su actual nivel de vida. Por lo tanto, en el caso de que no se lleve a cabo una política distinta, se corre el
riesgo de provocar una revolución social que podría poner en peligro las viejas democracias.

Vattimo: Si bien puede parecer demasiado utópico, en sustancia, la cuestión de la globalización es también, y sobre todo, una cuestión de democracia. Por cierto, concientes de lo que ha sucedido en el pasado, antes de la globalización económica deberíamos haber logrado realizar una suerte de federación mundial. La Unión Europea, por ejemplo, ha nacido como comunidad económica teniendo como fundamento las materias primas más importantes -como el carbón y el acero–, y en los últimos tiempos arribó a una forma de unidad económica que debería desarrollarse hasta lograr una unidad política. Sin embargo, la debilidad que padece la moneda única en su primer año de vida, parece depender del hecho de que la gente no cree en este proyecto, porque no ve, en la base, la presencia de una fuerte entidad política. Por tanto no se puede proceder como si el desarrollo económico fuese un hecho natural. El nivel actual de tecnología y de comunicación entre los gobiernos y las entidades que gobiernan no existe, pues reproduce modelos de desarrollo precedentes muy ingenuamente naturalistas. Tenemos necesidad de una unidad política más fuerte; de otro modo estaremos ante el hecho inocultable de que las multinacionales continuarán incrementando sus propias ganancias y nada más. Por esta razón, ellas pueden no tener una actitud favorable a la intensificación de la actividad política de la comunidad. Así las cosas, encontramos en un primer plano la cuestión de cómo la democracia puede realizarse; éste es un problema de extrema importancia, puesto que incide también sobre la evaluación política de algunos movimientos actuales: en este sentido podemos decir que la impopularidad del movimiento de Seattle, que tiende fácilmente a ser transformado en una banda de anárquicos que destruyen cualquier cosa o en grupos de vagos que cantan canciones como los hijos de la generación de los “flower power”, todo esto es una imagen creada por los medios de comunicación, que dependen de los intereses de las multinacionales.

Taylor: Tenemos necesidad de un gobierno mundial y debemos considerar, por lo tanto, dos maneras de proceder. La primera de ellas es la de modificar las reglas generales de las instituciones internacionales, como la OMC (Organización Mundial de Comercio) o el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), que, en su capítulo 11, favorece a los gobiernos en materia de regulaciones ambientales. Los gobiernos utilizan frecuentemente el medio ambiente y la ecología como pretexto para la producción de productos de las industrias nacionales, a pesar de que estos temas deben tener origen en un movimiento democrático, que envista contra las mismas empresas a los efectos de presionar contra el gobierno. Las manifestaciones de Seattle, de Quebec y de Génova han sido positivas, aun cuando solamente hayan causado un gran eco, presionando a los gobiernos: este primer paso debe ser acompañado de un impulso mayor y persistente, que apunte a lograr de algún modo que los negociados sean hechos públicos y tengan transparencia. El famoso capítulo 11 del NAFTA, por ejemplo, es fruto de una negociación absolutamente secreta. Cuando se piensa en la OMC y en el paquete de propuestas para el medioambiente, no es necesario tratar el argumento abstractamente, sino tomar en consideración también el modelo de desarrollo de la industria en las áreas deprimidas. Esto necesita ser reglamentado, organizado de manera apropiada, lo que es posible no solamente gracias a organismos nacionales, sino también, y sobre todo, a través de las presiones de masa. Otro ejemplo que conviene aclarar está relacionado con la organización del movimiento de los
ciudadanos respecto de la política de los consumos que -como ha sucedido durante muchos años en Canadá- se ha manifestado a través de boicot selectivos, en respuesta a las políticas forestales. Es necesario actuar como si fuesen dos brazos y dos puños, el derecho y el izquierdo: el derecho empuja a los gobiernos a proponer nuevas reglas, y el izquierdo (si el derecho fracasa) actúa. Los boicots, apuntando sobre ciertas compañías, podrían lograr algunos progresos.

Vattimo: Estaba pensando en las ONG, que deberían encargarse de una presión de este tipo. Pero aunque se definan como “no gubernamentales”, estas organizaciones trabajan gracias a los fondos gubernativos, y frecuentemente revelan ser verdaderas pequeñas burocracias. Estadísticas recientes parecen mostrar que una parte importante del presupuesto de la ONG es gastado en la organización interna y en los viajes de los dirigentes. Pero, aparte de este tema, el problema está en redefinir el significado de la democracia a través de instrumentos que estén verdaderamente a disposición de los ciudadanos. Ciertamente, las organizaciones de los ciudadanos no son están siempre democráticamente organizadas, puesto que representan sólo minorías, pero constituyen un estímulo para otros a intervenir y participar. Si, por ejemplo, alguien no está de acuerdo sobre lo que una determinada asociación está haciendo para boicotear a IKEA, puede organizar una campaña de sostén publico. Ésta es probablemente una manera de hacer que efectivamente la democracia no dependa sólo de los mecanismos electorales de la propaganda.

Rorty: Sería necesario que los partidos de izquierda en las viejas democracias se consultaran entre sí e intentaran elaborar un programa común, especificando cuáles deberían ser las políticas y las reglas de la OMC y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si hubiese una acción conjunta mundial, sostenida por una amplia participación popular, tendiente a exigir cambios muy específicos en las reglas y en las políticas, se podrían obtener éxitos notables. Una dificultad emerge en el mismo momento en que se considera que el Partido Demócrata de los Estados Unidos no puede ser asociado a los partidos de izquierda de la otra parte del océano. En efecto, si fuese percibido por el electorado norteamericano como aliado de los partidos socialdemócratas europeos, por ejemplo los de Francia y de Alemania, se encontraría ante un desastre electoral; y todo esto porque Estados Unidos, al menos por el momento, está convirtiéndose firmemente en aislacionista. El resultado es que el partido de izquierda de la nación más poderosa del mundo no puede mostrarse ni siquiera vagamente empeñado en alguna forma de planificación internacional. No sabría cómo superar este obstáculo. Sea como fuere, en ausencia de tal planificación a largo plazo, acaso el boicot por parte de los consumidores puede constituirse en una buena idea. El movimiento norteamericano unionista de los trabajadores en los años treinta o cuarenta llegó a convencer a millones de personas a no comprar ropa que no tuviese una etiqueta que dijera “producto unionista”. Si hubieran existido etiquetas análogas para los tejidos importados, y acaso para otros bienes, un boicot de productos sin etiquetas podría producir buenos resultados.

Vattimo: La cuestión de las etiquetas me hace reflexionar sobre el hecho de que, muy frecuentemente, las condiciones de trabajo en el Tercer Mundo son favorables para el desarrollo de las industrias locales, y se trata de un desarrollo que no es parangonable al del mundo occidental. Así, a veces, el hecho de no adquirir un producto fabricado por niños en la India afecta negativamente a la industria hindú. Por tanto debe hacerse una especie de
equilibrio entre lo que es absolutamente intolerable y lo que en cambio debemos tolerar para ayudar a aquel país. Es el caso, por ejemplo, de las relaciones con China. Recientemente el parlamento europeo votó a favor de la realización de las olimpíadas en Pekín, no obstante alguna petición en contrario a causa de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Tibet y de otras situaciones que conocemos bien. Por otra parte, es verdad que una intensificación de las relaciones internacionales puede aportar algún cambio. En resumidas cuentas, a pesar de las dudas he votado a favor, aunque la decisión en cuestión no concernirá sólo al parlamento europeo. Es verdad que a veces estamos obligados a elegir una política de amistad respecto de los pueblos, aunque no necesariamente de los gobiernos. Imaginemos que queremos obligar a Estados Unidos a ser más democrático en el proceso de globalización; esto significaría, paradójicamente, llevar a cabo una política antinorteamericana. Hasta que los europeos no seamos fuertes como Estados Unidos, condición que de algún modo los obligaría a tratarnos como pares, no obtendremos éxito significativo. El problema del antinorteamericanismo se convierte en el correlato de la antiglobalización.

Rorty: Siempre he pensado que el desdén de los intelectuales por Norteamérica se ha debido esencialmente al resentimiento y a la envidia. Sin embargo, recientemente he comenzado a pensar que existe efectivamente lo que los medios de comunicación definen como una “diferencia de valores”. Tal diferencia no subsiste tanto entre los europeos y los norteamericanos, sino más bien entre sus clases dirigentes. La élite intelectual europea piensa que la clase dirigente norteamericana, poco inclinada a la abolición de la pena capital, al control de las armas o a la educación de los niños negros en las ciudades, es sustancialmente una barbaridad. Este juicio está apuntalado por una consideración básica: el nivel general de la sensibilidad moral en la clase dirigente de los Estados Unidos parece en cierta medida más bajo respecto de la clase dirigente de países como Canadá, Italia y Nueva Zelanda. Pero si esta diferencia de valores es gravemente dramatizada, los resultados podrían ser también peores: la opinión pública norteamericana puede llegar a la conclusión de que si los europeos tienen valores diferentes, esto puede ser simplemente la demostración del grado de degeneración de los europeos mismos. Por otra parte, esta dramatización podría hacer a los norteamericanos mayormente conscientes del fracaso de su país en el intento de promover estándares internacionales decorosos. El énfasis sobre la “diferencia de valores” puede conducir en ambas direcciones.

Vattimo: Éste es precisamente el punto central, ya que es verdad que estamos enfrentados con un desarrollo fundado sobre la competencia entre sistemas de valores diferentes. No es solamente una cuestión de competencia económica. En Europa somos más o menos conscientes del hecho de que muchas instituciones, como el estado asistencial o la misma ayuda pública, son mejores entre nosotros que en los Estados Unidos. Por otro lado, precisamente respecto del fenómeno de la globalización, a veces las industrias europeas demandan un régimen similar al norteamericano. Es verdad que la globalización, junto a los respectivos mecanismos de libre mercado, es una fuerte tentación para la economía europea a los efectos de resultar más competitiva y liberista; por otro lado, sin embargo, esto no se traduce del todo en un desarrollo en términos sociales.

Taylor: Es más o menos lo que vivimos en Canadá. Nosotros siempre hemos tenido un sistema de seguridad social mucho más desarrollado, y la necesidad de competir con los Estados Unidos nos ha impulsado a su reducción. Los Estados Unidos son una potencia hegemónica también en este sentido. Sin embargo, pienso que está sucediendo algo nuevo con el gobierno comandado por el Partido Republicano. Para nosotros, el ejemplo norteamericano fue más fuerte durante el gobierno anterior. Hoy, la política más arrogante de la presidencia republicana corre el riesgo de crear un clima de fuerte polémica entre Estados Unidos, Europa y también con nosotros, en Canadá. En este sentido, se puede citar como ejemplo la negativa a ratificar los acuerdos de Kyoto. Es necesario que en el plano cultural los Estados Unidos cambien de perspectiva y busquen no suscitar, con actitudes arrogantes, una crisis de consenso con sus aliados tradicionales.

Vattimo: Yo soy más optimista , acaso porque no conozco la situación desde su interior, pero en Europa la cultura o la visión norteamericana del mundo tiene todavía muchos sostenedores. Consideremos, por ejemplo, a la extrema izquierda en Italia, pero también en Europa: es suficiente leer Libération en Francia o il Manifesto en Italia. Todos los modelos culturales vienen de los Estados Unidos, y esto parece estar en neta contradicción con el hecho de ser antinorteamericanos. Por tanto existe aún una imagen y un contenido positivo de la cultura norteamericana. Hasta la NATO ha dejado de ser odiada como sucedía hace algunos años, incluso por sectores de izquierda. Éramos conscientes de muchas desventajas políticas, pero Norteamérica es aún un modelo positivo en muchos aspectos, probablemente también por razones estratégicas y técnicas. Debemos esforzarnos para no enfatizar esta diferencia, y, a la vez, trabajar de manera conjunta con aquel país a los efectos de cambiar esta administración. No me parece que se pueda divisar una gran diferencia entre un gobierno demócrata y uno republicano sobre este punto. En conclusión: si Gore hubiese vencido ¿qué habría cambiado en lo relacionado con la globalización?

Rorty: Si Gore hubiese ganado y hubiera logrado una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso, el gobierno norteamericano no estaría tan aislado como lo está ahora. Habría una diferencia sustancial. Clinton era un internacionalista, pero estaba paralizado por la mayoría republicana en el Congreso. Mientras existan mayorías de este tipo no es importante saber quien está en la Casa Blanca, ya que el Partido Republicano está sojuzgado por conservadores y fundamentalistas religiosos que no tienen ningún interés en el bienestar de los que no son norteamericanos.

Vattimo: Aquí se plantea también el problema del juicio sobre la modernización, ya que en el movimiento antiglobalización existen muchas actitudes que demonizan el sistema de vida norteamericano, y muchos aspectos de la misma modernidad. Este tema está relacionado también con algunos ecologistas, por ejemplo Joseph Bové, el ciudadano francés que destruyó los McDonald’s. ¿Qué es lo que piensas de estos aspectos de la antiglobalización?

Rorty: No veo muchas cosas en común entre la música popular norteamericana, las películas hollywoodenses y los McDonald’s, por un lado, y el rol de Estados Unidos en el escenario de la política global, por el otro. El hecho de que todos canten canciones en inglés, producidas en los Estados Unidos, no me parece muy relevante. Nadie obliga a la gente de otros países a cantar nuestras canciones; pero si lo desean, que lo hagan. Todos los intelectuales deberían pasar menos tiempo hablando del “estilo de vida norteamericano” y
razonar más sobre el poder económico y militar de Estados Unidos y de cómo este poder debería ser empleado para el bienestar de la humanidad.

Taylor: Estoy en gran parte de acuerdo, pero pienso que existe el problema de preservar las otras culturas y las otras lenguas. Éste es un problema que permite justificar una política de sostén y de protección de los lenguajes originales y específicos, como por ejemplo en el ámbito cinematográfico, mientras que la tendencia de los norteamericanos es la de homogeneizar el lenguaje. Pienso que de alguna manera podemos lograr importantes consecuencias si conseguimos uniformar el sostén del crecimiento de producciones en otras lenguas. Existe por tanto otra amplia materia de negociación con los norteamericanos. Lo importante es que no debe ser visto como un ataque al estilo de vida norteamericano, ya que sólo se trata de asegurar la existencia de otras voces en el mundo, voces de otros países.

Vattimo: A nivel internacional, probablemente exista la necesidad de una serie de reglas antimonopólicas. Es verdad que la gente prefiere mirar películas norteamericanas y es verdad también que esta producción es atrayente en varios sentidos. ¡Pero debemos resistir! Debemos considerar la competencia entre culturas no sólo como una cuestión espiritual, sino también como una apertura de horizontes, como una puerta para acceder a un mundo distinto, como acontecía en el pasado: se dice que los romanos conquistaron a los griegos, pero en realidad los griegos conquistaron a los latinos. Pensaba en este ejemplo con insistencia, porque, en nuestro mundo, la rapidez de la comunicación implica una suerte de monopolio natural que no existía en tiempos de los griegos y de los latinos. Por ejemplo, el griego no estuvo en condiciones de resultar la lengua del primer imperio romano, y esto fue lo que permitió que se desarrollara el lenguaje local. Hoy, si todos hablásemos inglés no sé que sucedería. Se puede pensar que ésta puede ser una preocupación excesiva respecto de la identidad. Yo no soy un sostenedor de la identidad; a veces pienso que la identidad puede ser como la familia y la iglesia: algo que se debe abandonar para lograr ser autónomos. Y sin embargo la multiplicidad de las culturas es una suerte de garantía de supervivencia: la medicina china (la acupuntura), por ejemplo, no existiría si todos practicaran la medicina oficial occidental. Sin embargo, las iniciativas que protegen y favorecen las culturas locales en Europa me parecen frecuentemente limitadas y poco interesantes. En Italia existen algunos lugares que, con la intervención del gobierno, recuperaron festividades que habían dejado de celebrarse; ¿pero debo apoyar estas decisiones? Probablemente también mi inglés demuestra que, aun cuando el inglés resultara el lenguaje universal, deberá respetar los lenguajes locales. Por un lado, veo la globalización de la cultura como una suerte de movimiento libertario, de posibilidad de ir más allá de los límites regionales; por el otro, no quiero perder la capacidad de hablar piemontés. Cuando me encuentro por casualidad con Umberto Eco en Nueva York todo el tiempo lo dedicamos a hacernos bromas en dialecto. La cuestión es ambigua, porque, si por una parte se corre el riesgo de caer en la defensa a ultranza -y hasta violenta– de la identidad local (como en el caso de los vascos), por otra parte existe el peligro de perder las propias raíces. No es simple encontrar una posición que no sea demasiado nacionalista, demasiado localista o demasiado filonorteamericana. A nivel internacional, Francia ha lanzado la noción de “excepción cultural”, ya que una subvención a los productos culturales no se puede considerar un daño a la competencia. Ésta podría ser una tesis a sostener.

Rorty: Un mundo en el que el inglés sea la única lengua no me parece una cosa terrible. Si éste fuera el destino del mundo no pienso que sea una tragedia. Un lenguaje universal ofrece claras ventajas, y el inglés es una prueba de ello. Sería bueno si una capacidad comunicativa universal y la diversidad cultural llegaran a convivir, pero, si me viese obligado a elegir entre las dos, optaría por la primera, pues creo que sus ventajas compensarían las pérdidas de la segunda. El ejemplo “Europa es a Norteamérica como los griegos a los romanos” no es preciso. Los norteamericanos, por ahora, son bastante valientes para hacer una autocrítica y los anglófonos no son la imagen contemporánea de los impasibles y más bien necios romanos; las exportaciones culturales de los Estados Unidos a Europa han producido muchas ventajas para la misma Europa, como cuando impusimos la democracia constitucional a los alemanes y cuando la “revolución de los melenudos” utilizó el rock and roll norteamericano para lograr sus objetivos.

Vattimo: Estos son ejemplos de un lenguaje y de una cultura de un país más democrático. Me pregunto si no es posible imaginar la posibilidad de tener una lengua única mundial, y muchas lenguas “nacionales” que funcionen como hoy lo hacen los dialectos. Yo considero mi identidad dialectal como parte de un universo complejo, y no pretendo que todos sean como yo; sin embargo, deseo que se le otorgue la posibilidad de sobrevivir. Por otra parte, existe también la eventualidad de que la globalización, cuando resulte real y deje de ser impuesta a través de la economía, pueda estimular una producción cultural distinta. Tomemos, por ejemplo, el interés de la gente hacia la cultura hindú o china. Podría ser distinto. En el fondo Europa es un continente pequeño (donde, sea como fuere, se habla mucho el inglés) y no estamos en condiciones de poner muchos obstáculos. Pero si Brasil fuese menos pobre, con su portugués, y el español resultara menos marginal, estas lenguas podrían imponerse como lenguas continentales en América. Algo puede cambiar y, en este caso, es posible creer en una política cultural más liberal e internacional.

Taylor: Por ejemplo, las telenovelas brasileras han sido traducidas al inglés, antes de que fueran trasmitidas en la lengua original.

Vattimo: La lengua inglesa tiene muchas ventajas, pues es una de las más fáciles de aprender. De aprender, pero no de hablar, como mi misma experiencia lo prueba! Pienso, por ejemplo, en los polacos que hablan diversas lenguas con una facilidad mayor que los italianos, porque la de ellos es más complicada, o en los chinos que, cuando descubran el inglés, probablemente se convertirán al uso de este idioma…

Taylor: El bilingüismo universal será ahora un dato de la realidad: no será tan dramático si no se llega al uso universal de la lengua inglesa.

Vattimo: Habría otras preguntas: hasta ahora, la globalización habría debido conducir a una nivelación entre pobreza y riqueza. ¿Cómo se explica entonces que, en los últimos veinte años, la diferencia entre los más ricos y los más pobres haya aumentado? Los años noventa han sido un paraíso para las industrias occidentales, con el aumento de las ganancias, pero la pobreza en el mundo no ha disminuido del mismo modo en términos porcentuales. Según algunas estadísticas, las personas que viven con un dólar al día han disminuido del 28 al 23 por ciento, pero la población mundial está en fuerte crecimiento y hay más pobres respecto
que hace diez años. Para ser optimistas, se puede pensar en una analogía con ciertos momentos del desarrollo económico interno, por ejemplo en el boom italiano de los años cincuenta y sesenta. En aquellos años, el boom económico se realizó gracias a una inmigración interna del Sur al Norte. Al comienzo, las condiciones de vida de los inmigrantes en el Norte no eran nada favorables, pero, en diez años, la situación se ha modificado. Probablemente a nivel global, dada la dimensión del fenómeno, la cuestión es mucho más complicada y los tiempos más largos respecto de lo que sucede en el interior de una nación determinada. Pienso que estamos yendo hacia una situación en la que, paradójicamente, el socialismo resultará el único régimen posible para la economía mundial. Tomemos otra cuestión. He formado parte de la comisión del parlamento europeo que se ha ocupado del sistema Echelon. Echelon es algo que tiene que ver con vosotros y no conmigo, puesto que Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña han organizado un sistema satelital de interceptación, de vigilancia electrónica global, que puede controlar cualquier comunicación. Un sistema de este tipo implica un fuerte control público, a falta del cual los ciudadanos de los estados democráticos se encuentran desprovistos de las debidas garantías. Éste me parece un punto importante. Estaba persuadido de que la economía socialista había fracasado completamente, pero ya no estoy más seguro debido a las contradicciones del sistema capitalista a nivel internacional. Las multinacionales se están convirtiendo en una suerte de gobierno que no es de ninguna manera democrático. Es gobernado por los accionistas. Tal vez detrás de los numerosos movimientos antiglobalización existe también el problema de los modelos de sociedad. ¿Podemos en verdad pensar que regirá un sistema social en el que una relativa mayoría esté bastante bien, y una minoría, si bien exigua, esté siempre peor? La cuestión con la que debemos confrontarnos es: nuestra sociedad parece dirigirse hacia una sociedad de los dos tercios. Los dos tercios de las personas tienen bienestar, el otro tercio no tiene nada.

Rorty: El gobierno de Bush piensa que una mayor interdependencia económica y un incremento de los acuerdos de libre mercado favorecerán la difusión de la democracia a todas las naciones. Hasta Habermas ha sugerido algo parecido cuando afirmó que la racionalidad burocrática habría llevado, antes o después, a la adquisición de los derechos de las mujeres en el Asia sud-oriental. Este modo de pensar podría ser justo. Pero existe otro modo de ver las cosas. Podría suceder que los dirigentes de las multinacionales que están buscando nuevas aperturas de mercado en Asia y en la ex Unión Soviética se dejen corromper por la mafia rusa, por los generales que gestionan gran parte de la economía del Asia del Sur, por los agentes de policía corruptos de Indonesia, etc. Son personas que de buena gana reniegan de los contratos legales y vinculantes, que no se preocupan de la protección de los accionistas y, más en general, del control respecto del crecimiento de las grandes sociedades, financiadas públicamente en Europa y en Norteamérica, así como de los incentivos a la creación de gobiernos democráticos. Los dirigentes occidentales podrían terminar pensando que pueden garantizar mejores ganancias a sí mismos y a sus accionistas adoptando métodos asiáticos, más que poniendo en funcionamiento los métodos occidentales en Asia. Acaso Asia corrompa a Occidente antes de que sea democratizada. Es una posibilidad.

Vattimo: Éste es otro riesgo de lo que llamamos nuestra civilización, que está en un alto nivel, pero con demasiadas imperfecciones.

Taylor: Ésta es una paradoja que debemos aceptar. Parte de la dificultad reside en el hecho de que mientras estos discursos ideales prosiguen, otros sostienen que la liberalización del mercado resolverá todo.

Rorty: Por el momento, el más grande peligro que veo en Occidente es el crecimiento de lo que Eisenhower llamaba “el complejo militar-industrial”, o sea el triángulo formado por el Pentágono, la sociedad de capitales y algunos políticos poderosos del Congreso. Este fenómeno, originado por una política que no se dedica a la discusión pública y que trabaja únicamente para satisfacer el interés de los generales y de los dirigentes, es responsable de cosas absurdas como la política de Bush sobre el escudo espacial. La corrupción de los gobiernos occidentales puede, finalmente, ser fatal para las esperanzas del mismo Occidente.

Vattimo: Europa y los países europeos dependen fuertemente del sistema norteamericano, ya que todo el sistema de defensa está en manos de personas que han frecuentado academias norteamericanas. La situación es similar a la de América del Sur, donde los militares son más cultos, pero también los más condicionados. Esto es un peligro. ¿Cómo puede la voluntad democrática de la gente encontrar expresión, teniendo en cuenta que los medios de comunicación están en manos del capital? Éste es un problema grave. El boicot puede servir de ayuda, como las asociaciones puerta a puerta. En Italia, la política de izquierda en los próximos años tampoco tendrá posibilidades de expresarse más allá de ciertos límites, que han sido fijados y establecidos por Berlusconi. En otros países sucede lo mismo. Existen grandes capitales que van en determinadas direcciones. Berlusconi es propiestario de la principal casa editorial italiana, de tres redes televisivas y ahora es también primer ministro. Tiene en sus manos las más grandes compañías publicitarias. Para matar la prensa del área progresista le es suficiente retirar parte de la publicidad. Si verdaderamente fuésemos buenos políticos, nos daríamos cuenta de que, democráticamente, la situación es verdaderamente crítica. En Italia el problema de Berlusconi, ampliamente reflejada en la prensa europea antes de las elecciones, puede ser un primer ejemplo de las transformación de la democracia en Europa. La situación no es simple y es por esto que la izquierda, en Italia y en otros lados, intenta entrar en comunicación con el movimiento antiglobal, porque parece ser la única fuerza popular visible, aunque muy confusa, muy abigarrada.

Taylor: La necesidad de despertar a la opinión pública y de generar noticia es síntoma de la necesidad de una mejor política de la información. Es necesario encontrar la forma que nos permita experimentar, en cuanto izquierda, en el sentido de tratar de encontrar los medios y de organizarnos a nivel internacional. Lo mismo vale para Europa respecto del control de la prensa: debemos reaccionar en toda Europa contra Berlusconi.

Vattimo: El problema es que, en el resto de Europa, por ahora los medios de comunicación son relativamente independientes. Quiero hacer una pregunta respecto de Chomsky -que parece un extremista muy radical, cercano a ciertos sectores de nuestra extrema izquierda italiana, que sin embargo ha tenido un peso determinante en hacer vencer a Berlusconi en las últimas elecciones-, pues tengo la curiosidad de saber cuál el juicio de ustedes sobre él; si debe ser contado entre los opositores puramente testimoniales y políticamente peligrosos (pienso en Nader en las elecciones presidenciales del años pasado en los Estados Unidos), o bien entre los reformistas.

Taylor: Pienso que sus libros son una de las pocas fuentes a través de las cuales los estudiantes estadounidenses pueden aprender algo sobre las mentiras del gobierno norteamericano. No existe mucho periodismo de este tipo, y Chomsky hace uso de un espacio y produce un tipo de información que los otros no ponen a disposición. Su política es, tal vez, un poco “extraña”, pero está bien que así sea.

Sonia Fleury: "Ciudadanías, exclusión y democracia"

Sonia Fleury:
“Ciudadanías, exclusión y democracia”

El artículo trata sobre el proceso de desarrollo de América Latina, identificando un primer momento de desarrollo sin democracia y un segundo de democracia sin desarrollo. El derrumbe del pacto corporativo, en un contexto de economía globalizada, trae como consecuencia la convivencia de la democracia con un conjunto de paradojas que generan un permanente déficit de gobernabilidad. La profundización de la democracia en la región requiere de una nueva comprensión de la ciudadanía y un modelo de democracia deliberativa que permitan la inclusión social y el desarrollo.

Sonia Fleury es Doctora en Ciencia Política; docente e investigadora de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas; miembro del Consejo del Desarrollo Económico y Social de Brasil.

Artículo aparecido originalmente en: Nueva Sociedad 193, septiembre-octubre 2004, pp. 62-75.

Desarrollo sin democracia

El establecimiento de regímenes democráticos en países de América Latina coincidió con el desmantelamiento del Estado desarrollista y del pacto corporativo que lo había sustentado. El desarrollismo se constituyó en un proyecto de modernización para la región basado en la capacidad de planificación e inducción estatal de nuestra industrialización tardía, en ausencia de una clase hegemónica capaz de conducir ese proceso. Fruto de un pacto entre clases y facciones heterogéneas, no generó una ruptura con las clases dominantes tradicionales, lo que restableció su modo autoritario de ejercer el poder. Cimentado por la ideología nacionalista y por la contribución teórica de la economía cepalina, se compatibilizó con gobiernos autoritarios y democráticos, construyendo un imaginario social de progreso. Se trataba de un proceso de desarrollo que buscaba absorber las diferentes tensiones por medio del progreso industrial y de la promesa de garantía de movilidad social ascendente para los sectores urbanos, manteniendo intocable la estructura de explotación de la tierra y del trabajo en el campo.

Analizando el desarrollismo brasileño, Fiori considera que éste fue predominantemente autoritario, aunque no haya sido suficientemente fuerte, y terminó prisionero de los intereses incorporados al pacto sociopolítico que intentó montar, razón por la cual no fue capaz de deshacerse de la rigidez proteccionista o de su excluyente organización social. En América Latina el pacto corporativo fue el arreglo político e institucional que permitió al Estado desarrollista construir y mantener una alianza entre intereses contradictorios, sin una nítida hegemonía política, formando las condiciones para promover el proceso de industrialización sustitutiva. Nuestra versión autoritaria del keynesianismo europeo también fomentó el desarrollo de un sistema de protección social con características peculiares, en es pecial la implantación de un régimen de ciudadanía regulada por el Estado, a partir de la inserción del trabajador en el mercado formal de trabajo (Santos), y de ciudadanía inversa (Fleury 1997), representada por las acciones asistenciales destinadas a aquellos excluidos por el mercado y por el padrón corporativo de institucionalización de las políticas sociales.

El corporativismo estatal prosperó basándose en la cooptación, o sea, la integración social y política de las capas populares bajo el control político de las clases dominantes a través del Estado, transformando beneficios sociales en privilegios. Esta incorporación alienada impide la formación de una clase trabajadora autónoma y poseedora de identidad colectiva en la medida en que refuerza su fragmentación a través de la distribución diferencial de los privilegios. Los beneficios sociales se distribuyen mediante una red de intercambios de favores clientelistas, por lo tanto, podemos afirmar que en América Latina la ciudadanía como contraparte del Estado nacional fue atravesada por una lógica de ejercicio del poder político a través de la cual se erigen estructuras de dominación particularistas y personalistas. Finalmente, al restringir los beneficios sociales legales a la población incluida en el mercado formal de trabajo urbano, la política social pasó a funcionar como un criterio adicional de exclusión social.

El periodo de desarrollismo produjo un tipo de industrialización sin redistribución, prescindiendo de la cultura burguesa y de los valores liberales que dan fundamento a la democracia. Una incorporación social de los trabajadores urbanos fragmentada y excluyente, bajo la protección de líderes populistas en regímenes autoritarios, fue parte de la construcción del imaginario de progreso, mas no generó condiciones para el desarrollo de valores liberales ni para la cultura democrática, originando un déficit permanente de gobernabilidad. Ocampo define pro greso social como el producto de una política social de largo plazo que promueve la equidad y la inclusión social, el crecimiento económico con generación de empleo adecuado en volumen y calidad, y la reducción de la heterogeneidad estructural productiva para mejorar el rendimiento de los pequeños productores. En este sentido, el periodo caracterizado como desarrollista en América Latina no generó progreso social y, consecuentemente, no creó condiciones de gobernabilidad.

Por gobernabilidad no entendemos la mera eficiencia institucional, sino también la articulación de intereses sociales (Flacso). La crisis de gobernabilidad que atravesamos en años recientes fue fruto de dos fenómenos concomitantes: el agotamiento del pacto corporativo que legitimó el ejercicio del poder político del Estado desarrollista, y las dificultades de readecuación de las economías nacionales al proceso de globalización en curso. En el contexto actual, en una sociedad que se hizo cada vez más compleja y en un régimen democrático, la incapacidad gubernamental de responder a las demandas políticas y sociales de los actores tradicionales, y el surgimiento de nuevos actores ajenos al pacto corporativo vigente, agudizan la crisis. El tejido social forjado por el pacto corporativo se fue alterando con la transformación de los actores tradicionalmente vinculados a él, quienes hoy exigen una mayor autonomía representativa al tiempo que buscan preservar sus canales tradicionales de representación. Por otro lado, los nuevos movimientos sociales, la emergencia de una pluralidad de organizaciones no gubernamentales, y diferentes formas de asociativismo evidencian un escenario nuevo, en el cual aquellos que fueron excluidos del pacto corporativo buscan formas de organización propia, con mayor autonomía y menor control del Estado.

La transición a la democracia permite la movilización de esta sociedad civil organizada en torno de sus demandas ciudadanas y requiere que los intereses sociales dejen de constituirse al interior del Estado, lo que requiere su embate previo en la sociedad, en un contexto de preponderancia de la lógica del merca do y de una economía globalizada. En esta nueva organización de la economía mundial, los países en desarrollo se quedan atrapados en la lógica de repro ducción del capital financiero, transformándose en exportadores de capital bajo la forma de pago de interés. Inestabilidad, inseguridad, e insensibilidad de los gobernantes son los sentimientos que caracterizan la vida en las grandes metrópolis de la región, aumentando los riesgos de ingobernabilidad.

El problema central de gobernabilidad en América Latina está fundamentado en la convivencia paradójica de un orden jurídico y político basado en el principio de igualdad básica entre los ciudadanos, y la preservación simultánea del mayor nivel de desigualdad en el acceso a la distribución de riquezas y los bienes públicos. La pérdida de legitimidad del pacto corporativo y de los actores tradicionales vinculados al Estado desarrollista requiere la construcción de un nuevo pacto de poder que contemple las transformaciones que se procesaron con la articulación reciente del tejido social, y que sea capaz de incorporar plenamente a aquellos que hoy se encuentran excluidos. Sin embargo, las posibilidades de generar estrategias de institucionalización del poder y cohesión social están determinadas por la reducción del poder del Estado y por la inserción de estas sociedades en una economía globalizada, profundizando la disyuntiva entre economía política, Estado y nación (Fleury 2003a).

Democracia sin desarrollo

El Informe sobre el desarrollo de la democracia en América Latina, de 2004, del PNUD, hace un balance de un periodo de más de dos décadas y concluye que el reconocimiento del derecho al voto universal y la aplicación sostenida de las reformas estructurales de la economía no han generado ni desarrollo económico ni inclusión social. El promedio regional del PIB per cápita no varió de manera significativa en los últimos 20 años, los niveles de pobreza experimentaron una leve disminución en términos relativos y hubo un aumento en términos absolutos. No se redujeron los niveles de desigualdad, que siguen estando entre los más altos del mundo. Durante los últimos 15 años la situación laboral ha empeorado en casi toda la región. El desempleo y la informalidad aumentaron significativamente y disminuyó la protección social de los trabajadores.

Lo que fue denominado «el triángulo latinoamericano» –democracia, pobreza y desigualdad– constituiría la singularidad de la democracia en la región. La posibilidad de convivencia de un principio igualitario, que es la esencia de la democracia, con la desigualdad y la exclusión, plantea una interrogante en los siguientes términos: ¿cuánta ciudadanía precisa una democracia? Sin embargo, hay que recordar que el ensayo clásico de Marshall sobre ciudadanía parte de la misma interrogante al inquirir cómo fue posible que ésta pudiera desarrollarse en el capitalismo, considerando que ella implica la asignación de un estatus igualitario para los miembros de la comunidad política, y el capitalismo se basa en la distinción en relación con la propiedad de los medios de producción. Es decir, la ciudadanía es un presupuesto, una hipótesis jurídico-política igualitaria inscrita como necesaria en la sociedad –cuyas relaciones se basan en el intercambio de equivalentes–, pero su concretización material es producto de las relaciones de lucha entre las diferentes clases y actores sociales (Fleury 1997).

A pesar de que el régimen democrático no generó condiciones más igualitarias en la región, especialmente en un periodo en que se redujo la participación estatal y se fomentó la economía de mercado, tanto la democracia como la economía de mercado son vistos por la población como condiciones imprescindibles (en proporción del 67% y el 57%, respectivamente, según Latinobarómetro) para que los países puedan desarrollarse. Sin embargo, estas actitudes favorables a la democracia y a la economía de mercado no garantizan coherencia en percepciones y comportamientos que aseguren su sostenibilidad, ya que, según el mismo informe de Latinobarómetro, el 80% de los entrevistados afirma que a pesar del desarrollo económico y de las mejoras en salud y educación hay exclusión y se sienten extremadamente vulnerables al desempleo. En el mismo informe, otros datos significativos apuntan a la ausencia de una cultura política democrática basada en la confianza tanto en las instituciones como en el Gobierno y en las demás personas. Predominan, en cambio, percepciones y actitudes que muestran la vulnerabilidad de la democracia: desconfianza, miedo al desempleo, indiferencia en relación con el régimen, reducción de la confianza en el conjunto de instituciones, bajos índices de credibilidad y aprobación de los gobiernos (vistos la mayoría de las veces como corruptos), además de bajos niveles de satisfacción con la democracia. Un dato muy significativo apuntado por el informe de Latinobarómetro muestra que el 50% de los entrevistados identifica como factor más importante para confiar en las instituciones públicas el hecho de que traten a todos como iguales. Así pues, a pesar de la precariedad de la cultura cívica prevaleciente la población tiene conciencia de que la democracia requiere del ejercicio de la ciudadanía como dimensión igualitaria de inclusión en la comunidad política. En este sentido, para la población de América Latina la democracia trasciende el régimen político y debe ser identificada con la construcción de ciudadanía. En este sentido también, las amenazas a la gobernabilidad democrática siguen presentes en el escenario latinoamericano, reposicionando la discusión sobre la democracia desde el prisma de la gobernabilidad. En otros términos, es la presencia de amenazas a la gobernabilidad lo que reenfoca y hace profundizar la discusión sobre la democracia en la región. Fundamentalmente, la incorporación de las economías regionales a una dinámica económica globalizada, bajo la dominación del capital financiero especulativo, llevó la región al enfrentamiento de las siguientes paradojas:

– La convivencia de la democracia, que implica diversidad y capacidad de elegir entre diferentes alternativas, con un paradigma macroeconómico basado en la estabilidad monetaria que pasó a ser considerado como la única opción posible, en otras palabras, una democracia sin política.

– La convivencia de la democracia, que entraña la incorporación de los individuos a la comunidad política y al mercado, con la estagnación económica, el mantenimiento de la concentración de la renta y la persistencia de elevados niveles de exclusión social, o sea, una democracia sin inclusión.

– La convivencia de la democracia, que requiere la construcción de mecanismos de cohesión social, con el desmantelamiento de las políticas de protección social de corte corporativo y su sustitución por mecanismos de individualización de riesgo (seguros sociales) o de individualización de la pobreza (políticas compensatorias). Se trata, por tanto, de una democracia sin mecanismos de promoción de la igualdad y de la cohesión social.

– La convivencia de la democracia, que requiere de un Estado eficiente en la regulación de los productores, en la recaudación de tributos y en la redistribución por medio de la garantía de acceso universal a los bienes públicos, con el mantenimiento de diferentes formas de patrimonialismo, conjugadas con la ineficiencia de las políticas públicas y la reducción de la capacidad productora del Estado. Por consiguiente, una democracia sin autoridad pública ni un aparato estatal correspondiente.

– La convivencia de la democracia, que funda la legitimidad de los gobernantes electos en la existencia de un pacto de poder nacional y estable, con la presencia de poderosos actores externos y/o supranacionales, lo que mina los fundamentos del deber político y amenaza la legitimidad del poder. La dependencia de los recursos y de la aprobación de las medidas económicas por parte de las agencias de financiamiento internacionales hace que los gobiernos democráticamente elegidos vean cada vez más restringida su capacidad de decisión y se orienten progresivamente a la búsqueda de una legitimidad «hacia fuera», rompiendo con los acuerdos y frustrando las expectativas de quienes los eligieron.

La conclusión de que «más elecciones no ha significado mejores democracias» (Flacso) nos lleva a la discusión del propio concepto de democracia y de su capacidad de ecuacionar las demandas que se presentan de forma tan aguda en la región. Al mencionar la persistencia de un modelo económico excluyente como el factor central de la fragilidad de las instituciones democráticas, algunos especialistas sostienen que, en el caso de América Latina, cuyo desarrollo económico y social tiene como trazo más notorio precisamente el elevado nivel de desigualdad y exclusión, la gobernabilidad democrática no puede separarse de la búsqueda de soluciones para la inclusión social y la reducción de las desigualdades. La creación de mecanismos de integración social, definida por Calderón como «la capacidad de la sociedad para construir ciudadanía activa, eliminar las barreras discriminatorias en el mercado y diseminar una cultura de solidaridad», es nuevamente posicionada en el escenario político. Sin embargo, predomina la identificación de la democracia como el Estado democrático de derecho –democratic rule of law– defendida por O’Donnell (2001, p. 69): «La democracia no es tan solo un régimen democrático, sino también un modo particular de relación entre Estado y ciudadanos y entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de Estado de derecho que, junto a la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red completa de rendición de cuentas». Los derechos civiles y los derechos políticos serían el principal apoyo del pluralismo, además de ser una condensación de relaciones de poder de los individuos y asociaciones. En esta concepción, los derechos de participación se identificarían con los mecanismos de representación. Sin embargo, en el momento en que la existencia de regímenes democráticos, con sistemas electorales competitivos y formas institucionalizadas de re presentación, no parece garantizar condiciones de gobernabilidad en la región, el debate tuvo que incorporar otros atributos de la democracia, sea en relación con la cultura política, o con la institucionalidad y el funcionamiento estatal. En este sentido, se señalan el déficit de estatalidad y la subordinación de la lógica burocrática a la lógica patrimonial y clientelista como responsables de la no democratización del Estado, generando la persistencia de fenómenos como la corrupción y la inefectividad de las políticas públicas.

El corazón de la democracia residiría en la extensión de los derechos civiles y en la efectividad de la legalidad estatal al difundirse igualmente sobre el territorio nacional. Para O’Donnell (2002), en muchas de las democracias latinoamericanas persisten áreas «grises», a las cuales no llega la legalidad del Estado, prevaleciendo allí relaciones de poder personalistas, patrimoniales y mafiosas. En estos casos, el Estado sería territorialmente evanescente y las burocracias estarían colonizadas por intereses privados.

Al transponer la racionalidad política en dirección a la racionalidad social, el debate sobre la democracia tiene que encontrar sus fundamentos más allá de la mera institucionalización de las reglas de la competencia política. Se impone el retorno del ciudadano como fundamento del poder político. La valorización de la teoría de la ciudadanía como fundamento de la democracia es un movimiento al que estamos asistiendo en la discusión actual de la ciencia política. Esto demuestra la necesidad de enfrentar los desafíos impuestos por las nuevas condiciones de producción, que generan fracturas internas con la precarización de las relaciones laborales y la reducción de la protección social colectiva con la sustitución del Welfare State por medidas de individualización del riesgo, y la reorganización de las relaciones comerciales y políticas entre las naciones, que condicionan un nuevo diseño de las estructuras del poder político en niveles supraestatales y subnacionales. La necesidad de buscar nuevas formas de cohesionar la comunidad de ciudadanos se impone frente a la ruptura de la correspondencia entre el mercado, el Estado nacional y la ciudadanía, que había generado las condiciones virtuosas de la democracia, alteradas ahora con la desterritorialización de la producción y de los mercados y la restricción del poder de los Estados nacionales. Sin embargo, el regreso del ciudadano requiere pensar la teoría de la ciudadanía en este nuevo contexto.

En el informe del PNUD sobre la democracia, se retoma la ciudadanía como fundamento del deber político y del orden social. Allí se destacan como atributos de la misma:

– Su carácter expansivo, basado en la concepción moral y legalmente respaldada del ser humano como responsable, razonable y autónomo.

– La condición legal, estatus que reconoce al individuo como portador de derechos legalmente sancionados y respaldados.

– El sentido social o intersubjetivo que resulta en la pertenencia a un espacio social común (republicanismo cívico).

– El carácter igualitario, sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad democráticamente organizada.

– La inclusividad, ligada al atributo de nacionalidad que implica la pertenencia de los individuos a los Estados nacionales.

– El carácter dinámico, contingente y abierto, como producto de luchas históricas.

No cabe duda de que el concepto de ciudadanía se relaciona directamente con la construcción de la democracia, siendo que diferentes paradigmas democráticos se traducen en distintas concepciones o énfasis en relación con los elementos de la ciudadanía. La existencia de un sistema político basado en el supuesto de una igualdad básica de los ciudadanos es la esencia misma de la democracia. Según Bobbio, podemos encontrar por lo menos dos significados prevalecientes para democracia; en ambos la cuestión de la igualdad está presente, aunque de formas distintas. En un primer caso, encontramos el énfasis en el establecimiento del conjunto de reglas de ejercicio del poder político y en la no discriminación de las preferencias de cualquier ciudadano por el Poder Judicial: la llamada «poliarquía» (Dahl). En este caso, la igualdad es identificada en su acepción formal ante la ley, y se refiere más al requisito de la pluralidad que a una sociedad sin desigualdades. En otra concepción de la democracia, oriunda de la tradición comunitaria, el énfasis está en el ideal en que debería inspirarse el gobierno democrático. En lugar de una democracia formal, se trata aquí de una democracia sustancial, en la cual la noción de igualdad debe contemplar también los resultados.

La visión del ciudadano como agente (O’Donnell 2002; PNUD) amerita una discusión. En ella, el ciudadano es un ser autónomo, razonable y responsable, que goza de dos tipos de derechos: libertades, tales como aquéllas de asociación, de expresión y de acceso a la información, y derechos de participación, entendida ésta como el derecho a elegir y, eventualmente, a ser elegido para posiciones de gobierno. Pero la ciudadanía entendida como dimensión pública de los individuos presupone un modelo de integración y de sociabilidad que trasciende los intereses egoístas del individuo en el mercado, en dirección a una actitud generosa y solidaria (Fleury 2003b). La transición de una comunidad de relaciones interpersonales primarias a la comunidad abstracta de los ciudadanos se alcanzó por la participación, racional y afectiva, en una comunidad políticaformalmente constituida como Estado-nación.

El ciudadano como ser humano razonable y responsable nos remite a la noción de autonomía, definida por Oliveira como plenacuando envuelve las capacidades de saber escoger y establecer preferencias, de intervenir en los asuntos de la sociedad y, a través de sus mediaciones, también en los del Estado.

Sin embargo, esta definición, que acentúa el ideal libertario de la ciudadanía, no puede ignorar que esa autonomía solo puede existir de forma mediada, tanto por la naturaleza como por el espacio público, o sea, por las instituciones. En otros términos, no se puede pensar la autonomía sin pensar su contraparte, que es la dependencia.

Importa recordar que la ciudadanía, como cualquier sistema clasificatorio, involucra un principio de inclusión que define los criterios de exclusión. Así, la autonomía fue la condición de definición de la ciudadanía que permitió que todos aquellos que fueran considerados tutelados o protegidos estuvieran excluidos de este estatus. Por medio del voto censatario se negaron inicialmente los derechos políticos a los pobres. De la misma manera, con base en el criterio de la autonomía se justificó la prohibición de participación de las mujeres en la esfera pública y la ausencia de intervención del Estado en la esfera doméstica, así como también la negación de la ciudadanía a los portadores de necesidades especiales. La autonomía fue siempre definida como una cierta inserción en la esfera productiva, correspondiente al varón trabajador en el mercado formal, siendo los demás considerados dependientes y tutelados. De esta manera, la protección social no pertenecía a los derechos ciudadanos: al revés, revelaba la condición de tutela.

La actualización de la teoría de la ciudadanía nos remite a pensar la autonomía y la dependencia como intrínsecas a la condición de ciudadanía, en la medida en que el ciudadano no existe aislado sino en una comunidad político-jurídica que es, fundamentalmente, una comunidad de comunicación y de sentidos comunes. Las dificultades teóricas para insertar los derechos sociales como atributos de la ciudadanía se derivan de la antinomia entre derechos civiles y sociales, siendo los primeros expresión de las libertades y los segundos expresión de los poderes (Bobbio). Bobbio llama la atención hacia el hecho de que los derechos que son libertades se basan en un supuesto estado natural de los hombres, en el cual la libertad precedería a la sociabilidad. Los derechos sociales, al contrario, son históricos y no naturalmente fundados, tratándose de exigencias que se concretizan en la demanda de una intervención pública, y pudiendo ser satisfechos solamente en un determinado nivel de desarrollo económico y tecnológico.

La discusión teórica sobre el estatuto de los derechos sociales dentro de la concepción de ciudadanía tiene consecuencias importantes para la comprensión de su desarrollo histórico en América Latina, ya que uno de los aspectos singulares del proceso de consolidación democrática en la región es la reposición de la disyuntiva entre los diferentes elementos que componen la ciudadanía, generando cursos particulares, llenos de contradicciones. Mientras los derechos políticos se encuentran prácticamente universalizados, los civiles todavía no están garantizados, y en muchos casos los sociales sufren retrocesos como consecuencia de los planes recesivos de ajuste económico. El hecho de que los derechos civiles hayan antecedido a los políticos en los países cuyo desarrollo se hizo en una trayectoria liberal, mientras que en América Latina vivimos el proceso inverso, llevó a O’Donnell (2001) a clasificar nuestras democracias como no cívicas, con predominio de una ciudadanía de baja densidad. Los derechos civiles y las libertades políticas son los principales soportes del pluralismo y de la diversidad, además de crear condiciones para el ejercicio de una autoridad burocrática que rinde cuentas de sus actos. Por estas razones, la propuesta de O’Donnell se orienta a la conquista de los derechos civiles como una cuestión estratégica en la consolidación de la democracia en la región, asumiendo que la desigualdad es también producto de la ausencia del Estado de Derecho.

Sin duda, no hay evidencias consistentes, teóricas o históricas, para indicar que la construcción de la ciudadanía en la región deberá primero asegurar los dere chos civiles, construyendo democracias formales, para después enfrentar el problema distributivo, asegurando los derechos sociales. Por el contrario, la cuestión social fue y continúa siendo el lugar de constitución de actores sociales que buscan insertar en la arena política sus necesidades, transformadas políticamente en demandas. De la misma forma, es a través de las políticas sociales que el Estado interpela a los ciudadanos, resignificando los contenidos conflictivos por medio de tecnologías apropiadas, despolitizando las demandas que le dirigen y, finalmente, redefiniendo el significado de la ciudadanía. La política social es, pues, una metapolítica, ya que establece criterios para inclusión y/ o exclusión de los individuos en la comunidad política de los ciudadanos.

La constitución de actores políticos, formas organizativas y articulaciones innovadoras entre Estado, mercado y comunidad, demuestra que la conciencia y participación de la ciudadanía se están procesando en el ámbito de las políticas y derechos sociales, reafirmando que este continúa siendo nuestro curso parti cular de construcción de la democracia. Nuestra tesis es que en la región esa construcción de la democracia introduce la reivindicación ciudadana de un derecho de quinta generación (además de los derechos civiles, políticos, sociales y difusos), que corresponde a la demanda de una gestión deliberativa de las políticas públicas.

La democracia representativa se presenta como incapaz de atender a los grupos marginados, sea en relación con su capacidad de organización, sea en la inserción de sus intereses en la esfera pública. La autoorganización de la comunidad en torno de sus intereses genera una esfera pública no estatal que reivindica una transformación de la institucionalidad del Estado para insertar estos intereses en la agenda pública. El vaciamiento del contenido moral de la democracia –entendida como democracia representativa– hace absolutos los aspectos formales y de procedimiento, en detrimento de los valores relacionados con el bien común, la igualdad y la participación activa de los ciudadanos. Las reglas de la democracia hablan de cómo se debe llegar a las decisiones, pero no al contenido de esas decisiones.

La búsqueda de una nueva institucionalidad para la democracia, que sea capaz de atender conjuntamente los principios de reconocimiento, participación y redistribución (Fraser), marca el momento actual de búsqueda de una articulación entre innovación social e institucional. La opción por una democracia concertada en torno de consensos estratégicos, donde las políticas sean negociadas con los diferentes actores sociales envueltos en el proceso y cuyos intereses sean afectados, es la recomendada en situaciones de enorme complejidad, involucrando fuertes expectativas e intereses altamente contradictorios, en especial en sociedades con un elevado grado de fragmentación social y económica. Las iniquidades socioeconómicas son el resultado de una larga tradición de cultura política autoritaria y excluyente. En estos casos, solo la radicalización de la democracia, con la inclusión de aquellos que fueron alejados del poder mediante un juego abierto e institucionalizado de negociación y/o deliberación, puede romper el círculo vicioso de la política, caracterizado por la alienación de la ciudadanía, ausencia de responsabilidad de los representantes y autoritarismo de la burocracia.

De un conjunto de experiencias de deliberación que se están procesando en América Latina emerge la propuesta de democratización radical del Estado y la necesidad de publicitarla mediante la creación de instrumentos que permitan ir más allá del control social, viabilizando la construcción de una esfera pública de gestión de los recursos públicos (Fedozzi). Existe actualmente una fuerte tendencia a buscar en las organizaciones autónomas de la sociedad civil la esencia de la esfera pública, por oposición a la heteronomía de la ciudadanía, que es definida por el Estado. Es necesario huir de esta falsa oposición, confirmando el papel central de la noción de derechos en el diseño de nuevas formas de pensamiento y acción de las organizaciones sociales, universalizando demandas particulares y diseminando la percepción de los derechos a través de la acción colectiva.

La reconstrucción de la esfera pública debe ser claramente identificada como parte de la lucha por la hegemonía y constitución de un nuevo bloque, que atraviesa el Estado (Poulantzas) y requiere nuevas formas, tecnologías y procesos de ejercicio del gobierno que inscriban las nuevas relaciones de poder en la estructura organizacional estatal. En este sentido, el modelo de la democracia deliberativa no abre mano del Estado, al contrario, reconoce la necesidad de radicalizar la transformación de su aparato institucional para permitir la inclusión de los intereses dominados en la agenda de las políticas públicas, en un proceso simultáneo de transformación de la institucionalidad y construcción de identidades colectivas.

Sin embargo, es imprescindible la construcción de un nuevo pacto de poder que permita retirar los Estados latinoamericanos de la ruta perversa de acumulación del capital financiero internacional, retomando la inducción de un curso de desarrollo regional y nacional que, por primera vez, esté subordinado a la necesidad de asegurar la inclusión social por medio del empleo, el ingreso y la capacidad estatal de asegurar derechos ciudadanos y redistribución de la riqueza por medio de políticas sociales universales.

Referencias

Bobbio, N.: A Era dos Direitos, Ed. Campus, Río de Janeiro, 1992.
Calderón, F.: «Governance, Competitiveness and Social Integration» en Cepal Review Nº 57, Santiago de Chile, 1995, pp. 45-56.
Dahl, R.: Poliarquia, Edusp, San Pablo, 1997.
Fedozzi, L.: O Poder da Aldeia, Tomo Ed., Porto Alegre, 2000.
Fiori, J.L.: Em Busca do Dissenso Perdido, IN Sight Ed., Río de Janeiro, 1995.
Flacso: «Gobernabilidad en América Latina», Informe regional, Santiago de Chile, 2004.
Fleury, S.: Estados sin ciudadanos, Lugar Ed., Buenos Aires, 1997.
Fleury, S.: «La expansión de la ciudadanía» en VVAA: Inclusión social y nuevas ciudadanías, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003a.
Fleury, S.: «Legitimidad, Estado y cultura política» en F. Calderón (coord.): ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells, vol. II, Fondo de Cultura Económica, México, 2003b.
Fraser, N.: «Social Justice in the Knowledge Society: Redistribution, Recognition, and Participation», 2001.

O’Donnell, G.: «La irrenunciabilidad del Estado de derecho» en Instituciones y Desarrollo 8/9, Instituto Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, mayo de 2001.
O’Donnell, G.: Notes on the State of Democracy in Latin America, UNDP, 2002. Oliveira, F.: «O que é Formação para a Cidadania?», 2001,
. PNUD: Informe sobre el desarrollo de la democracia en América Latina, 2004. Poulantzas, N.: Estado, poder, socialismo, Siglo XXI, Madrid, 1980.
Santos, W.G.: Cidadania e Justiça, Ed. Campus, Río de Janeiro, 1979.

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